El martes 28 de octubre se va a debatir en el pleno del Congreso la toma en consideración de la proposición de ley de movilidad sostenible que presentaron Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, CC OO, Ecologistas en Acción, WWF/Adena, Greenpeace y Los Verdes.
La iniciativa parlamentaria elaborada por dichas organizaciones, y que defenderá el diputado Joan Herrera, busca crear un marco normativo que impulse el transporte colectivo y el no motorizado y que defina las directrices de movilidad sostenible que constituyan el marco orientador de las administraciones locales y autonómicas en sus políticas de transporte.
También establece la proposición de ley los instrumentos de planificación en los ámbitos de las áreas metropolitanas, municipales y de las empresas y polígonos industriales y grandes centros de actividad, de manera que se fijen las medidas más adecuadas para fomentar el transporte público y colectivo y los medios de transporte de bajo impacto. Planes que se han de definir y desarrollar con la necesaria participación de los interesados para que prevalezcan los intereses de la mayoría.
[ad#ad-1]El transporte, que sigue basado en la preponderancia de la carretera y del automóvil, crece más que el conjunto de la economía y sus efectos negativos –sus externalidades– son cada día mas notorios: emisiones de gases que provocan el cambio climático, pérdidas económicas por la congestión del tráfico, daños en la salud de los habitantes de las ciudades, fragmentación del territorio y pérdida de biodiversidad, o la elevada siniestralidad que afecta sobre todo a los desplazamientos de los trabajadores a sus empresas. Los presupuestos del Ministerio de Fomento siguen destinándose mayoritariamente a nuevas autovías y a líneas de alta velocidad. La proposición de ley presentada propone que en 8 años los presupuestos de este ministerio destine un porcentaje no superior al 50% a infraestructuras y el resto a gestión de la movilidad.
La ley de movilidad sostenible que se propone, pues, pretende poner fin al tremendo desfase que existe en la mayor parte de las Administraciones públicas entre los grandes presupuestos que se dedican a la creación de nuevas infraestructuras de transporte y la escasa planificación desde un punto de vista de la movilidad sostenible. Para las organizaciones impulsoras de esta propuesta, en las políticas de movilidad sobra cemento y falta conocimiento.
La ley de movilidad era un compromiso del Gobierno desde la anterior legislatura y ha sido anunciada recurrentemente pero, a pesar de que las emisiones del transporte han aumentado un 97% en 2007 respecto de 1990, hasta la fecha no se ha presentado por parte del Gobierno ningún borrador a discusión en el ámbito social o en el parlamentario.
Las organizaciones que han presentado esta proposición de ley esperan que el Congreso la acepte y se debata su contenido en el pleno.