El 8 y 9 de junio se celebra en Zaragoza una Reunión de Ministros de Transporte de la UE sobre la Red Transeuropea de Transportes. Dada la importancia de esta cita, en la que se fijarán los nuevos criterios para la Red Transeuropea, varios colectivos –Ecologistas en Acción, Colectivo Pedalea, CREFCO y Ansar– han organizado una protesta para llamar la atención sobre la insostenible política de transporte de la UE.
Los ministros de Transportes de la UE-27 debatirán en Zaragoza los nuevos criterios que se aplicarán a las infraestructuras transeuropeas de transporte, así como la forma de movilizar los instrumentos financieros para sufragar su construcción. No es tarea fácil: se calcula que serán necesarios más de 500.000 millones de euros para las obras previstas entre 2007 y 2020, 270.000 millones de los cuales se dirigen a una treintena de proyectos prioritarios.
Para las organizaciones convocantes, las redes transeuropeas son, antes que nada, una contribución al cambio de escala en los mercados y en la producción, pero no tienen apenas que ver con los equilibrios en el reparto de la riqueza. De hecho, son un elemento central de la Estrategia de Lisboa, que se dirige fundamentalmente a promover la competitividad económica con un fuerte coste ambiental y social.
[ad#ad-1]Efectivamente, la experiencia demuestra que desde la UE se han venido priorizando grandes actuaciones en autovías, alta velocidad ferroviaria, grandes aeropuertos y superpuertos, en las antípodas de una política de movilidad sostenible. De hecho, se prevé que el tráfico se duplique entre los Estados miembros hasta 2020 y esta política de infraestructuras, lejos de poner coto a esta insostenible situación, se dedica a facilitarla.
La UE-27 tiene actualmente 5 millones de kilómetros de carreteras asfaltadas, de las que 61.600 km son autopistas o autovías (más de la quinta parte corresponden al Estado español) y 215.400 km de vías de tren (107.400 km electrificados).
Con una política tan desarrollista, no es de extrañar que, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero debidas al transporte estén desbocadas. Así, por ejemplo, estas emisiones han aumentado un 28% en la UE entre 1990 y 2007, mientras que en España el incremento en este mismo periodo ha sido de casi una duplicación: un 95%. Pero también hay que recordar que, más allá de su contribución al cambio climático, esta política de infraestructuras promueve la pérdida de biodiversidad y el despilfarro de grandes cantidades de fondos públicos, al tiempo que se están aplicando drásticos recortes sociales.
Por estos motivos, varias organizaciones –Ecologistas en Acción, Colectivo Pedalea, CREFCO (Coordinadora por la reapertura del ferrocarril Canfranc-Olorón) y Ansar– han realizado una vistosa protesta al inicio de la Cumbre de Ministros de Transporte de la UE. Su intención es la de llamar la atención sobre la necesidad de un transporte más justo socialmente, y menos impactante en lo ambiental y territorial.
Entre las reivindicaciones de estos colectivos destaca que se prioricen los proyectos de gestión de la demanda antes que los de nuevas y grandes infraestructuras, dar prioridad al tren convencional (tanto para pasajeros como mercancías), así como la potenciación del transporte público y de los desplazamientos no motorizados, como la bicicleta o el caminar, en el ámbito urbano. En Aragón, la principal prioridad sería para la recuperación del Canfranc frente a otras infraestructuras menos eficaces, más costosas y más contaminantes para comunicar con Francia.