El Ejecutivo francés quiere aplicar a las empresas más contaminantes un impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono. Esto se suma al plan de la Unión Europea de obligar a dichas compañías a pagar por los permisos de emisión. En realidad, se trata de una revisión de una primera propuesta presentada el pasado año por la Administración gala, que fue rechazada por el Tribunal Constitucional por considerar que quedaban excluidas muchas grandes empresas y contravenía el espíritu de igualdad del sistema fiscal francés.
El ministro de Medio Ambiente de ese país, Jean Louis Borloo, explicó que el nuevo plan de su Gobierno consistirá en imponer una tasa a las empresas de manera temporal, para evitar que paguen dos veces o perjudicar su posición en el mercado. Asimismo, introducirán medidas para proteger la competitividad de determinados sectores y, antes de la imposición del gravamen, consultarán a las empresas y a los grupos medioambientales sobre su aplicación.
El objetivo del Ejecutivo francés es que la norma entre en vigor el 1 de julio, para lo cual presentará el proyecto de ley ante el Parlamento en las próximas semanas.
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