El protocolo de Kyoto y las emisiones de CO2 en España

Los previsibles acuerdos internacionales que se alcancen en Copenhague y el reparto interno de la UE fijarán para España en 2020 un objetivo de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) menos ambicioso que el de Kioto, no contribuyendo de esta forma a la reducción mundial de estos gases de cambio climático.

Según el reparto interno de la UE para los objetivos de emisiones de G.E.I. enmarcado en el Paquete de Energía y Cambio climático 2020, España podrá aumentar sus emisiones respecto al nivel de referencia (emisiones de 1990) en cualquiera de los escenarios estudiados: reducción del 20%, si no hay acuerdo in­ternacional satisfactorio; reducción del 30%, si hay acuerdo internacional satisfactorio. Esto significa que España no hará sino aumentar sus emisiones, al menos, hasta 2020, mientras que los países del entorno tendrán que reducir y en consecuencia transformarán sus sociedades hacia modelos menos dependientes del carbono. A estas alturas, Suecia, Reino Unido y Francia ya cumplen con sus objetivos de Kioto y Alemania está a punto de hacerlo. España es el país de la UE cuyas emisiones han aumentado más rápida­mente y que más se aleja de su objetivo.

[ad#ad-1]El análisis de las políticas públicas españolas en cambio climático arroja una serie de conclusiones muy ilustrativas, como que las declaraciones de las personas responsables de las políticas de cambio climático consideran que éste es un tema prioritario y sin embargo las medidas no se corresponden con dichas declaraciones. Se dice que puede seguir creciendo el consumo energético y a la vez reducirse las emisiones de GEI significativamente; que construyendo más autovías, AVEs y aeropuertos se reducen las emisiones del transporte; que la prioridad es reducir las emisiones internas pero a la vez se afirma que las condiciones puestas al MDL han impedido un verdadero lanzamiento de estos proyectos y que esto es un desastre para España; que la prioridad es Latinoamérica y los proyectos de energías renovables a pesar de los datos; que permitir a los sectores industriales no energéticos no reducir sus emisiones en un periodo de tsunami urbanizador no impide cumplir con Kioto; que dedicar dinero público español a la Captura y Almacenamiento de CO2 es para evitar la emisión de grandes cantidades de GEI de China e India, que no compite con inversiones en otros campos más sostenibles como las energías renovables y que forma parte de las soluciones a pesar de que no estará operativa hasta la segunda mitad del siglo; que existe coordinación entre todos los niveles de la administración pública.

Llama la atención, sin embargo, que los poderes públicos consideren que es bueno y justo para España emitir más en 2020 que en 2012, como demuestran no sólo las declaraciones sino las políticas puestas en marcha en los últimos tiempos, con las que cualquier cambio en la tendencia creciente se antoja imposible.

Si el Gobierno español pretende colaborar en el objetivo global de reducir las emisiones a la mitad en 2050 y transformar la sociedad y su economía hacia modelos más sostenibles y justos, deberá asumir unilateralmente objetivos de emisiones cuantificables muy por debajo de lo descrito.