La asociación ha remitido un escrito a la Confederación solicitando una mayor implicación en la adecuación medioambiental del espacio natural protegido.
Si bien es cierto que la Confederación es la única que ha invertido en la restauración medioambiental (1.675.000 euros, cofinanciado al 70% por la Unión Europea) en la “Adecuación Ambiental y Uso Educativo de la Zona Húmeda de la Desembocadura del Mijares”, no es menos cierto que la zona necesita urgentemente nuevas actuaciones.
GECEN solicita a la CHJ que elabore un plan de actuación similar, si bien con sus matices, a las actuaciones que se están llevando a cabo en la “Adecuación de la desembocadura del río Palancia” dotado con 5,3 millones de euros.
[ad#ad-1]Al igual que se ha hecho con las cerca de 100 edificaciones del Palancia, la asociación exige el derribo de las 120 construcciones ilegales del Mijares que están usurpando el dominio público hidráulico que pertenece a todos los ciudadanos. Si es necesario, que se expropie lo que se tenga que expropiar como ha ocurrido en el Palancia. Además, es imprescindible que se regenere medioambientalmente la zona, recuperando los hábitats (zonas húmedas, bosques de ribera…) y garantizando el caudal ecológico del río en todo su recorrido, y no que este caudal se inicie en la depuradora de Vila-real.
AL MENOS SON NECESARIOS 10 MILLONES DE EUROS PARA RECUPERAR LO QUE ES DE TODOS, EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.
Debido a sus dimensiones, la Desembocadura del Mijares necesita al menos 10 millones de euros para recuperar el dominio público hidráulico (si se paga a 6 euros el m2 como en el Palancia) y su uso social. A esto habría que añadir la inversión necesaria para regenerar medioambientalmente el espacio natural y realizar actuaciones para evitar riesgos de inundación.
Una actuación de estas características supondría la creación de numerosos puestos de trabajo durante varios años. La asociación aboga por la colaboración entre las diferentes administraciones (Ministerio, Conselleria, Ayuntamientos…) en actuaciones en positivo, puesto que las actuaciones negativas que ha sufrido la zona a nivel urbanístico y medioambiental son responsabilidad compartida de la administración local, autonómica y estatal. Por ello, la asociación también considera necesario que quien tiene las competencias medioambientales en la Comunidad Valenciana, la Conselleria, deje su pasividad económica y ponga euros encima de la mesa para actuaciones de restauración medioambiental.