WWF/Adena y Ecologistas en Acción se personan en el caso como acusación particular.
Madrid, 6 de noviembre de 2008– Hoy se ha confirmado la muerte de un lince ibérico en Andújar hace escasas dos semanas por haber ingerido veneno. Ante los hechos, se abrirá un proceso penal contra el presunto responsable de colocar los cebos. WWF/Adena y Ecologistas en Acción se presentarán como acusación particular en el proceso dada la gravedad del caso. El uso de veneno es una práctica ilegal que puede tener efectos devastadores sobre las escasas poblaciones de esta especie en peligro de extinción.
Hace apenas dos semanas se encontró en el término municipal de Andújar el cadáver de un ejemplar adulto de lince ibérico, una especie en grave peligro de extinción. Hoy acaba de confirmarse que murió por haber ingerido una sustancia tóxica llamada aldicarb. Ante estos hechos, va a iniciarse un proceso penal contra quien presuntamente colocó los cebos envenenados. WWF/Adena y Ecologistas en Acción se personarán como acusación particular, dada la gravedad del problema del veneno en España.
El lince, un macho adulto de cinco años radiomarcado, fue encontrado en las inmediaciones de un gallinero que había sido rodeado de cebos envenenados junto a una viña, en la carretera de La Alcaparrosa, una zona con presencia estable y reproductora de la especie. WWF/Adena y Ecologistas tienen constancia de que el lince envenado, frecuentaba desde hacía pocos meses los gallineros de la zona. No hay que olvidar que, desde hace un tiempo, la Consejería de Medio Ambiente aplica un sistema de compensaciones económicas por los daños sufridos en los gallineros.
Pese a todo, el entorno del gallinero había sido sembrado de cebos, de lo que se deduce que hubo una clara intencionalidad. Por ello, WWF/Adena y Ecologistas en Acción entienden que el agresor no tiene ninguna justificación posible, ya que se trata de un envenenamiento premeditado contra una especie en Peligro Crítico de Extinción.
[ad#ad-1]Cabe recordar que el uso de cebos envenenados constituye una práctica ilegal incluida en el código penal, que produce efectos devastadores en la Biodiversidad y en la salud pública. Se trata de un auténtico atentado contra la naturaleza, pues el veneno es un arma ilegal, no selectiva y altamente peligrosa que se ha usado para eliminar depredadores y que acaba produciendo la muerte de especies protegidas.
Según el informe de «El veneno en España» de WWF/Adena, entre 1990 y 2005, se estima que han muerto en nuestro país unos 20.000 ejemplares de las cinco especies de rapaces más afectadas (buitre negro, alimoche, águila imperial ibérica, quebrantahuesos y milano real), junto a otras especies en peligro, como el oso pardo cantábrico.
Por regiones Andalucía figura a la cabeza en número de casos, seguida de Castilla y León, Castilla- La Mancha y Aragón, aunque se detectan problemas en todas las CCAA. Sin embargo, en Andalucía en los últimos años ha mejorado mucho la efectividad de las actuaciones de vigilancia y sanción, destacando la creación de patrullas caninas que se emplean con eficacia para localizar los cebos y los productos tóxicos usados. Además, se adoptan medidas excepcionales para reparar el daño biológico, entre ellas destacan, la
suspensión de la caza en los cotos afectados por el veneno.
Este grave suceso se produce en una área donde habían sido retirados, en años anteriores, numerosos lazos y cepos, pero que parecía estar libre de estos sistemas de caza ilegales. Todo ello, gracias, al trabajo de sensibilización, que Ecologistas en Acción realizó con el apoyo del Proyecto Life, en la zona de Las Viñas de Peñallana, entre otras actuaciones.
Así, cuando la Unión Europea está invirtiendo una enorme cantidad de recursos para la conservación del lince ibérico, y la comunidad internacional presta toda su atención a la lucha por la supervivencia del felino más amenazado del mundo, resulta increíble que se sigan produciendo este tipo de actuaciones ilegales. Por ello, ambas organizaciones esperan que el peso de la ley recaiga sobre el responsable de este delito y trabajarán y apoyarán a las administraciones competentes para que apliquen la legislación vigente.